A lo largo de este año, el precio de los alimentos evidenció un fuerte reajuste, particularmente en verduras y en frutas. El aumento sostenido de precios es la consecuencia de tantos años de desequilibrios macroeconómicos en las que los gobiernos -de distintos signos- han preferido patear hacia adelante sus probables soluciones, más que atacar el problema de fondo. Se apeló a la emisión monetaria, un proceso que se ha espiralizado y que ha generado una montaña de deuda millonaria que, más temprano que tarde, el Estado deberá atender.

Las consecuencias la padecen todos los agentes económicos, desde el más encumbrado industrial hasta el consumidor final que va al supermercado o al almacén de barrio a comprar los artículos de subsistencia. Así, la Canasta Básica Total (CBT) de Tucumán, que marca el límite de ingresos para no ser considerado pobre, ha sido calculada oficialmente en $ 112.129 durante septiembre, un ingreso que equivale a dos salarios mínimo vital y móvil y que sobrepasa el salario registrado promedio en la provincia.

Mientras los precios al consumidor subieron un 66%, los salarios de los trabajadores registrados subieron 57%, lo que implica una caída de salario real del 6%. Más profunda es la caída del ingreso en el sector informal que, en el caso tucumano, afecta a casi el 45% de los asalariados del distrito.

El sueldo de los empleados en negro aumentó hasta ahora un 41% lo que implica una caída del salario real del 15%, tomando como referencia la evolución inflacionaria. No hay indicios certeros que indiquen que la dinámica de los precios irá desacelerándose paulatinamente. Para los últimos meses del año se prevén más reajustes en medio de la puja por parte de los gremios para reabrir paritarias y mejorar el ingreso de los trabajadores o, en el peor de los casos, no perder tanto frente a la inflación. El Gobierno nacional anunció que no está dispuesto a avalar aquella puja de precios versus salarios, pero sí a otorgar ayudas extraordinarias a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

El cóctel económico es complicado. Sin ingresos genuinos de dólares, la caída del nivel de reservas internacionales del Banco Central no encontrará un techo, más aún frente a un atraso cambiario cada vez más evidente en un país que cuenta con 14 variantes para convertir la divisa estadounidense a pesos argentinos. Además, el Gobierno enfrenta la presión de quitar, gradualmente, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos privatizados en medio del reclamo social para frenar los aumentos en las boletas.

El Gobierno nacional, frente a este escenario, está obligado a predicar con el ejemplo para que el ajuste sea proporcionalmente aplicable a todas las franjas económicas. El exceso del gasto público es evidente y se nota más con la cantidad de billetes emitidos. Esto presiona más a los precios. El año electoral, a su vez, genera más incertidumbre en la economía. La Argentina necesita un urgente plan de estabilización con el fin de encarrilar la actividad económica. Pero, para que eso sea posible, requiere de acuerdos multisectoriales que, a su vez, denoten que el país puede reconstruir la confianza para que lleguen más inversiones.